El pasado 26 y 27 de mayo se llevaron a cabo en la Universidad de Montevideo las “Quintas Jornadas Montevideanas de Derecho Administrativo Prof. Dr. Mariano R. Brito” para discutir las exigencias actuales de los procedimientos administrativos y su evolución en Uruguay y en la región. La actividad fue coordinada por el Dr. Carlos E. Delpiazzo, de la cual participaron 110 personas de forma presencial y online.

Nuevos enfoques y desafíos del proceso administrativo

El 26 de mayo, el Dr. Carlos E. Delpiazzo introdujo la primera jornada y se refirió a la situación nacional en materia de los procesos administrativos y a las fuentes de los mismos. Así, destacó que el derecho administrativo “muta” constantemente, y que existen actualmente más de 50 reglamentos distintos para llevar a cabo la actuación administrativa, imponiéndose la necesidad de legislar en la materia.

Sobre esto, hizo referencia a legislaciones más modernas con regulaciones específicas sobre la materia, como las de Republica Dominicana y El Salvador, a diferencia de Uruguay donde, según explicó, no hay regulación para los procedimientos sancionatorios externos. “El Derecho administrativo ya no se limita a la autoridad, ni a la mera aplicación de la ley, ni a los límites territoriales. Se habla de generaciones de procedimientos administrativos (...). Cuando miramos al derecho comparado, tenemos mucho para tomar en cuenta”, afirmó.

Una vez finalizada su exposición, Delpiazzo presentó al Dr. Felipe Rotondo, quien hizo una mención al primer rector de la Universidad, el Profesor Dr. Mariano R. Brito, y abordó los principios generales del procedimiento administrativo, tanto los enunciados como los no enunciados. Entre ellos destacó la dignidad humana –que aseguró que es un principio, un derecho y un deber en estos procesos-, la seguridad jurídica, la igualdad, el contradictorio integral, entre otros.

A él lo siguió el Dr. Federico Fisher, cuya exposición se centró en la digitalización de los procedimientos y la Inteligencia Artificial en la Administración pública. Analizó la evolución de la IA y advirtió que existe un vacío regulatorio respecto a los enfoques normativos de estos sistemas. Mencionó datos del Observatorio de IA de AGESIC, que reveló 27 casos de uso de Inteligencia Artificial en organismos estatales entre 2023 y 2024.

Finalmente, el Dr. Agustín Echezarreta se refirió a los derechos y deberes de los administrados en el marco del proceso administrativo. Por otro lado, la Dra. Agustina Pacheco expuso sobre los términos, plazos y duración de los procedimientos, y se detuvo especialmente a desarrollar los criterios jurisprudenciales como la conducta de la administración y la afectación del interés.

Para el final de la jornada, el Dr. Agustín Godoy habló sobre las notificaciones y comunicaciones de los procedimientos administrativos.

Los desafíos regulatorios del acto administrativo

El 27 de mayo, en la segunda instancia de la jornada, el Dr. Miguel Pezzutti analizó cómo se estructura el procedimiento administrativo en Uruguay y explicó que su regulación surge de múltiples fuentes, entre ellas la Constitución, las leyes y los reglamentos. Destacó que el sistema uruguayo puede considerarse disperso y fragmentario debido a la gran cantidad de normas que intervienen en su regulación. Trató temas como el agotamiento de la vía administrativa y la existencia de procedimientos específicos en áreas como la contratación administrativa y el derecho tributario.

Por su parte, la Dra. María Cristina Vázquez ahondó en los distintos problemas vinculados a la validez de los actos administrativos y las consecuencias jurídicas que pueden surgir cuando estos presentan irregularidades o vicios. Profundizó en las diferencias entre nulidad y anulabilidad, así como en las dificultades existentes dentro del derecho administrativo para establecer criterios únicos sobre cuándo un acto debe considerarse inválido, así como también en los elementos esenciales para confirmar la validez y las consecuencias que pueda generar un acto ilegítimo.

Seguidamente, el Dr. Gustavo Fischer centró su exposición en los caracteres del acto administrativo y su vínculo con la protección de los derechos fundamentales. Hizo referencia a principios como la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la estabilidad y la impugnabilidad de los actos administrativos, destacando cómo estos conceptos se encuentran hoy en tensión frente a las nuevas demandas de tutela de derechos y garantías. Además, reflexionó sobre los desafíos que plantea la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho administrativo, especialmente respecto a la necesidad de adaptar las normas y procedimientos a estas nuevas realidades tecnológicas.

Asimismo, el Dr. Gabriel Delpiazzo Antón desarrolló la actualización del procedimiento de impugnación y los recientes cambios introducidos en materia de recursos administrativos. A su vez, explicó las discusiones actuales sobre el agotamiento de la vía administrativa y las críticas vinculadas a su impacto sobre el acceso efectivo a la justicia. Hizo mención a recientes pronunciamientos judiciales que consolidan el criterio de que el agotamiento de la vía administrativa únicamente es exigible para la acción de nulidad, y no para otras acciones vinculadas a la responsabilidad patrimonial del Estado.

Luego de una pausa, la Dra. Natalia Veloso dedicó su intervención al análisis del Derecho administrativo sancionador y a los posibles cambios que podrían incorporarse en una futura ley de procedimiento administrativo en Uruguay. En ese marco, planteó la necesidad de repensar el funcionamiento actual de los procedimientos sancionatorios y señaló el rezago normativo del país frente a otros sistemas jurídicos de la región. Además, habló sobre la evolución histórica del poder sancionador del Estado y cómo el crecimiento de las funciones administrativas ha generado una expansión cada vez mayor de las potestades de control y sanción sobre los ciudadanos.

Por último, la Dra. Viviana Pérez Benech cerró la jornada con una exposición enfocada en el derecho administrativo sancionador interno, particularmente en los desafíos que presenta actualmente el ejercicio del derecho de defensa dentro de los procedimientos disciplinarios. En ese sentido, puso especial atención en el control de la prueba y en la necesidad de adaptar los mecanismos existentes a nuevas realidades, como los procedimientos vinculados a situaciones de acoso y el creciente uso de herramientas tecnológicas e informáticas. Destacó la importancia del debido proceso como garantía fundamental dentro de este tipo de actuaciones, subrayando tanto el contenido material del derecho de defensa como la necesidad de asegurar condiciones reales y oportunas para su ejercicio.